EL FORO MERCOSUR–UNIÓN EUROPEA EN SALTA PUSO EN AGENDA EL ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO

Liliana Paniagua, destacó la importancia de que las organizaciones territoriales participen en las decisiones y los mecanismos de seguimiento del acuerdo entre ambos bloques. Desde el Gran Chaco Americano, Redes Chaco plantea que la integración comercial debe traducirse en desarrollo sostenible, oportunidades para las economías locales y participación efectiva de las comunidades.

Salta fue sede, el pasado 22 de octubre, del primer Foro Federal Argentino sobre el Tratado de Asociacion Mercosur – Unión Europea–de la región NOA, un espacio de diálogo que reunió a representantes de gobiernos, organismos internacionales, sector empresarial y organizaciones de la sociedad civil para debatir cómo transformar las oportunidades del acuerdo birregional en una agenda concreta de desarrollo e integración territorial.

Organizado por el Gobierno de Salta, junto con Fundación Pronorte y Redes Chaco, en el marco del proyecto Impacto Verde, financiado por la Unión Europea, el encuentro permitió poner en común las oportunidades comerciales y productivas del nuevo escenario internacional, pero también una cuestión fundamental: ¿qué lugar ocuparán los territorios y sus organizaciones en la implementación del acuerdo?

Para Liliana Paniagua, secretaria ejecutiva de Redes Chaco, la realización de este foro representa un paso importante para acercar la agenda internacional a las realidades y capacidades de las provincias del NOA, sus Pymes y sus comunidades.

“Salta se ha convertido en el epicentro de las posibilidades de una implementación territorial del Tratado Mercosur – Unión Europea”, expresó durante el encuentro. Además destacó especialmente la decisión de la provincia de impulsar un ecosistema de trabajo que reúna a organismos de financiamiento, empresas, pymes y comunidades, con el propósito de construir una hoja de ruta de largo plazo y lograr que las oportunidades del acuerdo lleguen efectivamente a los territorios.

La sociedad civil, un actor contemplado en el acuerdo

Uno de los aspectos centrales del Acuerdo Unión Europea–Mercosur es que no limita su implementación a las relaciones entre los gobiernos y los sectores comerciales. El propio texto establece mecanismos específicos para promover la participación de la sociedad civil, generar instancias de consulta y habilitar espacios de diálogo sobre su aplicación.

En el Acuerdo de Asociación entre ambos bloques, los artículos 2.6, 2.7 y 2.8 establecen tres mecanismos fundamentales: la relación con la sociedad civil, los Grupos Consultivos Internos y el Foro de la Sociedad Civil.

Estos mecanismos contemplan la participación de organizaciones no gubernamentales, organizaciones empresariales y sindicales, entre otros actores independientes que trabajan en cuestiones económicas, de desarrollo, sociales, derechos humanos y ambientales.

Los Grupos Consultivos Internos tienen la función de asesorar a las partes sobre las cuestiones vinculadas al acuerdo. Además, los gobiernos deben promover un diálogo periódico con estos grupos y considerar las opiniones y recomendaciones que presenten sobre su implementación.

Por su parte, el Foro de la Sociedad Civil está concebido como un espacio de diálogo público entre organizaciones de ambas regiones. El acuerdo establece que los representantes de las instituciones que participan en los órganos de conducción también deberán intervenir en una de sus sesiones para informar sobre la implementación y dialogar con las organizaciones participantes.

En el Acuerdo Comercial Interino, estos mecanismos también están contemplados en los artículos 22.5, 22.6 y 22.7.

Para Redes Chaco, estas disposiciones representan una oportunidad para que las organizaciones territoriales puedan acercar información, experiencias y propuestas a los espacios donde se discuten las políticas y las condiciones de implementación del acuerdo.

La participación de la sociedad civil resulta especialmente relevante para regiones como el Gran Chaco Americano, donde las decisiones vinculadas al comercio, la producción, la conservación de los bosques y el desarrollo de infraestructura tienen consecuencias directas sobre las comunidades indígenas, campesinas y los pequeños productores.

Del acuerdo internacional al desarrollo territorial

La mirada de Redes Chaco parte de una premisa: las oportunidades de la integración internacional necesitan construirse desde las capacidades de cada territorio.

El Gran Chaco Americano cuenta con cadenas productivas vinculadas a la naturaleza que pueden ampliar su inserción en los mercados internacionales. La apicultura, la producción de miel de monte, la ganadería sostenible, las artesanías, el turismo de naturaleza y el aprovechamiento de los recursos forestales no maderables forman parte de una matriz productiva con potencial para generar valor agregado y empleo local.

Sin embargo, para que estas oportunidades se concreten es necesario fortalecer las capacidades de los productores, mejorar la infraestructura y la conectividad, desarrollar mecanismos de trazabilidad y certificación y garantizar condiciones de acceso a los mercados.

En ese proceso, las organizaciones de la sociedad civil cumplen un papel relevante: articulan actores, acercan conocimiento científico y técnico, acompañan procesos productivos y contribuyen a que las necesidades de las comunidades estén presentes en las agendas de desarrollo.

La experiencia de los Hubs de Innovación impulsados en el marco de Impacto Verde es un ejemplo de este trabajo, con iniciativas vinculadas a las cadenas apícola, forestal, ganadera y artesanal, además del turismo y la innovación territorial.

Paniagua también advierte sobre la necesidad de que la apertura comercial esté acompañada por criterios ambientales y sociales. El acceso a los mercados internacionales requiere cada vez más garantías sobre el origen de los productos, la sostenibilidad de los procesos productivos y el cumplimiento de estándares ambientales y sociales.

En este sentido, la conservación de los bosques, la protección de la biodiversidad, la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas y las salvaguardas sociales deben formar parte de cualquier estrategia de desarrollo vinculada al acuerdo.