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Los bosques nativos argentinos están retrocediendo a un ritmo alarmante, a pesar de que la ley de Bosques prohíbe la tala indiscriminada en casi todo el país. Sólo en los últimos 2 años, de acuerdo con un informe oficial de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable revelado por el diario Clarín, se perdieron más de 1 millón de hectáreas que debían estar protegidas según el ordenamiento territorial que establece la normativa sancionada en 2007.

El gobierno tenía en su poder estos datos desde junio de 2012 pero, según la organización de ecología política Los Verdes, el informe se mantenía cajoneado porque revela una situación delicada: en primer lugar, el incumplimiento de la ley. Pero también la amenaza que avanza sobre la biodiversidad, y algo más grave: el impacto social de la falta de control. Según denuncian organizaciones ambientales del interior, la deforestación sin freno guarda una estrecha relación con los asesinatos de campesinos y aborígenes ocurridos en los últimos años en diferentes provincias.

El estudio, titulado “Monitoreo de la Superficie de Bosque Nativo de la República Argentina” y llevado a cabo por la dirección de Bosques, “evidencia un aumento de la deforestación a pesar de la prohibición de desmontar estipulada en el artículo 8 de la ley”.

Funcionarios del gobierno analizaron las 3 regiones forestales que concentran el 85% de los bosques nativos del país -el parque chaqueño, la selva misionera y la selva tucumanoboliviana- y llegaron a la conclusión de que con la ley vigente, durante el período 2006/2011, la deforestación fue superior en un 50% al período 1998/2002, cuando la ley todavía no existía.

“Los datos muestran que los desmontes avanzaron sobre áreas que habían quedado protegidas. Pero además, desde la reglamentación de la norma, el gobierno nunca terminó de sustanciar el fondo para la conservación de los bosques. Este año, además, el presupuesto nacional asigna 10 veces menos de lo que debería, lo que demuestra el nulo interés del gobierno y de las provincias en proteger un ecosistema clave”, señala Juan Carlos Villalonga, presidente de Los Verdes.

La ley 26.331 de Bosques se aprobó a fines de 2007. Se reglamentó en abril de 2009. Y está vigente desde entonces. Establece zonas de alta concentración de biodiversidad en las que se impide la tala. A pesar de su existencia, en Argentina se continúan desmontando superficies -con especies en peligro incluidas- para luego “alfombrar”, sobre todo, con soja. “El avance de la frontera agropecuaria a costa del bosque, también impacta sobre la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos. Por otro lado, la deforestación contribuye a la generación de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático”, agrega Villalonga.

El informe oficial focaliza también en los millones erogados para proteger a los bosques. El Fondo Nacional de la ley estableció partidas para que las provincias pudieran aplicar la norma. Al 20 de febrero de 2011, Santiago del Estero, Salta, San Luís, Chaco, Catamarca, Formosa, Tucumán y Misiones concentraban el 80% de las contribuciones para la protección de bosques, unos $114 millones. “No obstante las 8 provincias experimentaron el desmonte de 1 millón de hectáreas desde la promulgación de la ley hasta 2011”, completa el documento.

Las topadoras hicieron ruido, sobre todo, en Santiago del Estero. Esa fue la provincia que más desmontó -453.551 hectáreas- seguida por Salta -236.246-, Formosa -129.603-, Chaco -110.889-, San Luís -37.483-, Misiones -21.406-, Tucumán -18.478- y Catamarca -12.164-.

Lo de Salta es preocupante: según otro estudio de la Red Agroforestal Argentina, en esa provincia no fue respetada ninguna de las zonas de prohibición de desmonte definidas por ley, “ni tampoco las restricciones fijadas tras denuncias de organizaciones campesinas, como la suspensión de desmontes dictada por la Corte Suprema para 4 departamentos entre 2009 y 2011”.

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